Lo que la corrupción ha unido

Alvaro Lario

Que la corrupción es la segunda gran preocupación de los españoles, tan solo por detrás del paro según el CIS, es algo conocido por todos. Que los votantes continuemos apostando por partidos que la han albergado en los diferentes niveles de la administración no tiene tanto que ver con que no percibamos la corrupción como un problema, sino con que la consideremos un mal generalizado y de algún modo intrínseco a su funcionamiento.

La percepción de que la corrupción es un vicio casi inherente a la política daña, por una parte, a las miles de personas que trabajan honestamente en ella y se ven en dificultades para defender con orgullo una profesión desacreditada, máxime cuando la ejercen bajo siglas relacionadas con numerosos casos de cohecho, fraude u otros delitos. Sin embargo, esta visión pesimista de la sociedad sí que ayuda, injustamente, a la construcción del discurso en partidos marcados por esta lacra: “puesto que la corrupción, como usted puede comprobar, está en todas partes, valore otros factores (como el empleo o la educación) y vótenos a nosotros”.

Durante años, PP y PSOE han jugado a un insolente ‘y tú más’ echándose en cara los no pocos casos de corrupción que han aflorado en el seno de su adversario. No es que la gran mayoría de sus concejales y diputados hayan prevaricado, ni que hayan sido genéticamente más corruptos que quienes militan en las nuevas formaciones. Sencillamente PP y PSOE (como PNV en Euskadi o CiU en Cataluña) son los que se han repartido el poder institucional durante las últimas tres décadas, y aunque la corrupción puede azotar a un partido con pequeñas cotas de representación, es la conquista de ayuntamientos, diputaciones y parlamentos lo que facilita el acceso a los recursos públicos y permite auténticos despropósitos en la gestión de los mismos.

Parte de una crisis política compleja, que no debemos desvincular de la crisis económica y social que nuestro país sufre desde 2008, tiene mucho que ver con este relato extendido de que los viejos partidos han tolerado y protegido las prácticas corruptas de sus cargos públicos. UPyD, Podemos o Ciudadanos han nacido criticando todo un modus operandi de hacer política, una cultura de opacidad y falta de rendición de cuentas que ha propiciado la expansión de redes clientelares, el despilfarro de dinero público o la colonización de instituciones que debieran funcionar con independencia de las cúpulas partidistas. En este contexto, la ciudadanía se ha replanteado su relación con las élites que gobernaban y, más allá de impulsar un vuelco en el sistema de partidos todavía por consolidar, está exigiendo nuevas respuestas y una actualización de la agenda de prioridades programáticas.Sin embargo, al no haberse producido el perfecto reemplazamiento de unos actores por otros, PP y PSOE se han visto obligados a debatir esta agenda y a adoptar posturas acordes al notable peso parlamentario que conservan. Ambos deben calibrar si su pervivencia electoral pasa por defender las bondades del statu quo bajo un mismo discurso o hacer suyas las reivindicaciones y demandas regeneracionistas de los nuevos y reprenderse, aún con más fuerza, el uno al otro. ¿En qué medida pueden dar lecciones de ejemplaridad respecto a la prevención y el castigo de la corrupción?

Un ciudadano medianamente informado tendría sobradas razones para responder que, en cierto modo, en ninguna. La federación andaluza del PSOE emitió hace semanas un comunicado en el que instaba a que el procedimiento judicial abierto contra los expresidentes Chaves y Griñán, para quienes la Fiscalía pide diez años de inhabilitación y seis de prisión respectivamente, se resolviera lo antes posible; al mismo tiempo y de manera contradictoria, el PSOE-A criticaba las “prisas” del poder judicial en este asunto y lanzaba dudas sobre su objetividad e independencia. Cuando uno conversa en privado con militantes, tiene la oportunidad de comprobar que la inmunidad moral de la que hacen gala es incluso más escandalosa: algunos siguen creyendo que la corrupción de los ERE, el tercer caso que más millones ha defraudado a la ciudadanía (sólo por detrás del caso Edu y el caso Malaya) es una cuestión trivial y magnificada por sus adversarios. Y mientras los valencianos, hartos de la corrupción, sustituyeron a los gobiernos populares por un tripartitos que prometieron devolver la dignidad a sus instituciones, el PSOE-A continúa ganando impunemente en las urnas sin acordar un relato coherente sobre por qué la llegada de Cifuentes no depura responsabilidades políticas en el PP de Madrid y la de Susana Díaz sí permite dejar atrás las páginas más negras del socialismo andaluz. Del PSOE, también del nacional, echo en falta unas disculpas explícitas.

Lo que hay sentado en la bancada de enfrente, que permitiría continuar argumentando a ese ciudadano pesimista, es lo siguiente: una organización investigada por posibles daños informáticos y encubrimiento en la destrucción de los discos duros de Bárcenas, esto es, por obstrucción a la justicia. El PP es una formación con todos sus tesoreros imputados por la supuesta existencia de una caja B para financiarse. Sobre financiación irregular también responde estos días el empresario Francisco Correa, que comparte banquillo con muchos otros señores que ya compartieron mesa en la boda de la hija de Aznar y desde allí, seguramente, alabaron la moderación frente al populismo. Cuando se desarrolló la trama Gürtel, así como la operación Púnica, el caso Arena o el caso Brugal, el presidente del Partido Popular era la persona que aún hoy tiene los mandos de Génova y está pidiendo apoyos parlamentarios para formar gobierno.

Mariano Rajoy tiene dos problemas graves para el país, ninguno relacionado (o al menos hasta el momento) con que haya metido la mano en la caja: el primero, la no asunción de responsabilidad política por ostentar el liderazgo de un partido que se halla en una situación judicialmente catastrófica. El candidato al que el Congreso rechazó el pasado 31 de agosto es el que mismo del que la hemeroteca puede rescatar elogios y gestos de cariño cómplice hacia cada colega que ha resultado encausado: “Luis, sé fuerte”, “haré la política económica de Rato”, “Rita, eres la mejor”, “quiero un gobierno como el que preside Matas en Baleares”, “Alfonso, yo te quiero, coño”, etc. El segundo problema de Rajoy es su percepción soberbia e irresponsable de la corrupción: en repetidas entrevistas ha zanjado la cuestión entendiéndola como un problema inevitable y baladí que afecta de manera aislada a personas concretas y no a organizaciones, por lo que difícilmente se comprometerá a impulsar reformas institucionales de calado para su paliación.

En estos días, el ciudadano al que dirigimos nuestra pregunta está asistiendo a un cambio de caras en el PSOE. Aquellos que se han opuesto a la estrategia de Pedro Sánchez y han logrado tumbar al ya exsecretario general se preparan para facilitar la investidura de Rajoy. Y una de las primeras tareas emprendidas para abonar el terreno de la abstención ha sido dar un giro radical al discurso de los socialistas en materia de corrupción, desdramatizando la situación en que se encuentran los populares y limitándose a decir “no hay nada nuevo, esto lo conocíamos” cuando se les pregunta su valoración de los avances en la investigación de la Gürtel. El nuevo perfil bajo respecto a la corrupción es, en mi opinión, una de las cosas verdaderamente preocupantes que, al margen de otras decisiones tácticas más o menos acertadas y justificadas, caracterizan las primeras semanas del equipo de Javier Fernández. La Comisión Gestora ha dado un paso atrás en el proceso de regeneración democrática y abanderamiento de la lucha contra la corrupción en el que Sánchez, con sus luces y sombras y con ayuda de su polémico “no es no”, parecía empeñado en perseverar.

En el contexto de crisis política del que antes hablaba, en que PP y PSOE tienen que optar entre el inmovilismo o la autocrítica, la pata conservadora de ese bipartidismo tambaleante se encuentra de lleno afectada por la segunda gran preocupación del ciudadano al que aspira a seducir. La otra haría bien en minimizar la influencia de una federación andaluza que cuestiona las determinaciones del poder judicial y explicarnos por qué, como cabeza de oposición, no se ha decidido a pedirnos perdón por su corrupción sino a perdonar la de su adversario.


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