La corrupción mina España

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Los últimos casos de corrupción conocidos en España no son un caso aislado, son lo que parece un problema sistémico en la democracia española. Provocando un efecto tan letal como es minar la legitimidad de la democracia. Con su atroz comportamiento, el corrupto incumple el deber de ejercer su función que es la de actuar de acuerdo con el interés general y con lo establecido por la ley.


Se repite constantemente las propuestas basadas en la necesidad de incrementar la moralidad de políticos y burócratas pero caen en saco roto. Y hay que admitir que los partidos políticos han dado pasos muy positivos, como la limitación de donaciones a recibir, el endurecimiento de incompatibilidades, creación de códigos de conducta, controles internos, auditorías externas... pero la corrupción siempre encuentra el atajo adecuado.


Está demostrado que los contratos corruptos aumentan cuando se reduce el riesgo de persecución y castigo. Por lo que hay que incrementar el efecto disuasor. Esto va desde el endurecimiento de las penas de los corruptos, incluida la cadena perpetua para los que no devuelvan el dinero robado. Otra acción que ayudaría es la despolitización de los organismos de control del estado, del Gobierno y de la Administración. No puede ser que el mandatario siga escogiendo a quien le fiscaliza.


Resulta urgente aplicar todo el peso de la ley a los corruptos. El ladrón de lo público, es decir el que nos roba  a todos, debe ser inexistente o por lo menos una excepción en vez de regla.

 

Toni García-Pérez

 


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